Con la publicación del Decreto 216/2025 en el Boletín Oficial, el gobierno de Javier Milei concretó una reforma profunda en la Ley Nacional de Turismo N° 25.997. La medida marca un quiebre en la política turística del país, con la eliminación de financiamiento estatal, la disolución de organismos clave y la transferencia de responsabilidades a provincias y el sector privado.
Menos Estado, más mercado
Uno de los cambios más impactantes es la eliminación del Comité Interministerial de Facilitación Turística, encargado de coordinar políticas entre organismos públicos. Sin esta entidad, la gestión turística quedará fragmentada y dependerá de cada jurisdicción, lo que podría generar desigualdades en las inversiones y estrategias entre las provincias.
Además, el decreto disuelve el Programa Nacional de Inversiones Turísticas, eliminando los fondos estatales destinados a obras e infraestructura. Ahora, serán los gobiernos provinciales y municipales, junto con la inversión privada, quienes deberán financiar el desarrollo turístico. Esto favorece a las provincias con mayor capacidad económica, pero deja en desventaja a aquellas con menor acceso a recursos.
Adiós al turismo social y a los incentivos para el sector
Otro punto crítico es la derogación del Plan de Turismo Social, que garantizaba el acceso a la actividad turística para sectores vulnerables. También desaparecen los incentivos fiscales y crediticios para proyectos turísticos, lo que podría afectar la competitividad de destinos emergentes que dependían de estos beneficios para su crecimiento.
A su vez, la autoridad de aplicación pierde facultades clave, como la posibilidad de otorgar créditos, subvenciones y apoyo económico a emprendimientos turísticos. La nueva lógica impone un modelo de autogestión, donde el turismo dependerá exclusivamente de la iniciativa privada y del marketing sin inversión estatal.
¿Qué puede pasar con el turismo en Argentina?
La reforma está alineada con la estrategia de desregulación y reducción del gasto público impulsada por el gobierno, pero plantea serios desafíos para la industria. Sin planificación central ni herramientas de fomento, el turismo quedará sujeto a las reglas del mercado, lo que podría derivar en:
🔹 Mayor desigualdad regional: destinos con menor inversión privada podrían perder competitividad.
🔹 Falta de planificación estratégica: sin coordinación nacional, cada provincia decidirá su propio rumbo.
🔹 Riesgo de privatización de áreas turísticas: la inversión privada podría priorizar rentabilidad sobre conservación y sostenibilidad.
🔹 Menos acceso al turismo: al eliminarse el Plan de Turismo Social, viajar será un privilegio aún más restringido.
Una nueva era para el turismo argentino
El Decreto 216/2025 redefine por completo el rol del Estado en el sector, dejando en manos del mercado el destino del turismo en Argentina. La gran incógnita es si este modelo logrará atraer inversiones sin generar una brecha aún mayor entre los destinos más desarrollados y aquellos que, sin apoyo estatal, podrían quedar fuera del mapa turístico.
📌 ¿Reactivación o retroceso? El futuro del turismo argentino dependerá ahora de la capacidad del sector privado para llenar el vacío que deja el Estado.