Mientras el gobierno de Donald Trump acelera las deportaciones de migrantes indocumentados en Estados Unidos, algunas actividades económicas clave se consolidan como espacios protegidos frente a las redadas y detenciones impulsadas por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). Entre ellas, se destacan la agricultura, la hotelería y la restauración, tres sectores donde los trabajadores migrantes cumplen un rol esencial y que, por el momento, no serán objeto de operativos migratorios.
El nuevo memorándum del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), revelado esta semana, habilita a los abogados del gobierno a presentar solicitudes de desestimación de casos de asilo de forma oral, con la posibilidad de que los jueces las resuelvan el mismo día. Esta decisión implica que miles de personas podrían ser deportadas sin los plazos habituales para apelar, lo que acelera el proceso de expulsión y limita el acceso a un juicio justo.
Mientras tanto en Chicago, el sector turístico estadounidense celebra una nueva edición de la feria de turismo, IPW en la ciudad de Chicago . El encuentro es organizado por la U.S. Travel Association y su objetivo central es promover a Estados Unidos como destino internacional, facilitar negocios y fortalecer alianzas estratégicas.
En este contexto, el ICE aumentó su actividad en cortes de inmigración y elevó su promedio diario de detenciones a más de 2.000 personas, alcanzando en mayo un total de 32.771 arrestos. Sin embargo, sectores clave de la economía estadounidense, especialmente aquellos vinculados al trabajo migrante, lograron frenar parcialmente esta avanzada.
Según publicó The New York Times, la secretaria de Agricultura, Brooke Rollins, transmitió directamente al presidente su preocupación sobre el posible impacto económico de las redadas en la producción agrícola.
Las asociaciones del sector alertaron que el temor a ser detenidos podía provocar un ausentismo masivo de trabajadores, comprometiendo el funcionamiento de la cadena productiva.
Ante este escenario, el ICE envió una directiva interna para suspender las investigaciones y operativos en lugares de trabajo vinculados a la agricultura —incluyendo acuicultura y plantas empacadoras de carne—, la restauración y la hotelería. Estas áreas quedaron excluidas de las nuevas medidas de control migratorio, al menos por el momento.
Las actividades hoteleras y gastronómicas, que emplean a miles de migrantes en Estados Unidos, aparecen así como refugios frente al endurecimiento de la política migratoria.
La decisión de proteger estos sectores obedece a su peso económico y a su alta dependencia del trabajo migrante, muchas veces en condiciones informales o precarias.
Aunque estas excepciones ofrecen alivio temporal a ciertos grupos de trabajadores, las organizaciones de derechos migrantes advirtieron que el nuevo protocolo gubernamental socava el debido proceso legal y debilita el sistema de asilo. Según Greg Chen, de la Asociación Estadounidense de Abogados de Inmigración, se trata de una estrategia para evitar deliberadamente el escrutinio judicial y maximizar las deportaciones.
Mientras tanto, sectores productivos como el turismo, la gastronomía y la agricultura continúan ejerciendo presión para preservar su mano de obra migrante, convertida en un pilar silencioso de la economía estadounidense y, en este contexto, también en una forma de resguardo frente al avance de las deportaciones.