El ministro de Gobierno, Trabajo y Turismo de Río Negro, Fabián Gatti, junto con el director de Políticas Turísticas Zona Andina, Bruno Herllriegel, mantuvieron una reunión con la legisladora Marcela Abdala.
El propósito del encuentro fue discutir detalles importantes para la presentación del Proyecto de Ley que impactará en la cartera turística provincial. La reunión buscó alinear objetivos y establecer los puntos clave a tratar.
Durante el encuentro, Herllriegel destacó que se trabajó sobre los lineamientos generales del proyecto, enfocados en la creación de la Agencia de Turismo de Río Negro. Además, se discutieron los tiempos necesarios para la implementación de la futura Ley, enfatizando la importancia de establecer una estructura adecuada desde su inicio para que la agencia funcione de manera eficiente.
Uno de los puntos resaltados por el funcionario fue la visión de implementar un sistema de gestión turística más ágil y moderno. Este sistema, según indicó el Gobernador, buscará incorporar al sector privado en la toma de decisiones mediante la creación de un directorio mixto. Esto permitirá no solo mejorar la eficiencia en la gestión, sino también llevar al turismo rionegrino a un nivel más competitivo a nivel nacional e internacional.
La presentación del proyecto no será la única acción en este sentido. Próximamente, se organizarán una serie de talleres destinados a sensibilizar tanto al sector público como al privado. Estos talleres brindarán la oportunidad de conocer y debatir el contenido del proyecto, ofreciendo un espacio para que todas las partes involucradas puedan expresar sus opiniones.
El primer paso de estos talleres tendrá lugar en las localidades de Las Grutas y Bariloche durante el mes de noviembre. La elección de estos lugares no es casual, ya que representan dos de los destinos turísticos más relevantes de la provincia y jugarán un papel crucial en la implementación de la nueva Ley.
Según explicaron, con esta iniciativa, el Gobierno de Río Negro busca avanzar hacia una gestión turística más inclusiva y participativa, asegurando que las decisiones que se tomen en el sector reflejen las necesidades tanto del Estado como del sector privado.