El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires avanzará con un plan de sanciones a las plataformas digitales que comercialicen alojamientos temporarios sin estar debidamente registrados. Así lo anunció el presidente del Ente de Turismo y de Visit Buenos Aires, Valentín Díaz Gilligan, durante la apertura de Hotelga 2025, encuentro que reúne a empresarios hoteleros y gastronómicos de todo el país.
El funcionario detalló que la medida incluye el monitoreo de las denuncias que ingresen en Defensa del Consumidor y la aplicación de multas por parte de la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos (AGIP) a los propietarios que no abonen el Derecho de Uso Urbano. Este tributo lo pagan los turistas extranjeros mayores de 12 años por cada noche de estadía en la ciudad, y constituye una de las principales herramientas para financiar la promoción turística de Buenos Aires.
Además, Díaz Gilligan anticipó que se realizará una presentación formal ante la Securities and Exchange Commission (SEC) en Estados Unidos para denunciar los incumplimientos de las plataformas internacionales que no se adecuen a la normativa local. Paralelamente, se trabaja en un proyecto de ley que elevará los montos de las sanciones a valores de referencia internacional, con el objetivo de desalentar la oferta ilegal y equilibrar las condiciones de competencia en el mercado de la hospitalidad.
El anuncio se enmarca en un proceso que comenzó en febrero, cuando el Ente de Turismo porteño simplificó los trámites de inscripción en el Registro de Alquileres Temporarios con Fines Turísticos. Esa medida permitió duplicar en pocos meses la cantidad de propiedades registradas, aunque aún persiste un volumen importante de oferta informal que se canaliza a través de plataformas digitales.
Buenos Aires es hoy la única ciudad del país que cuenta con una ley específica para regular este tipo de alojamientos. Según remarcan desde el sector, la iniciativa busca ordenar el mercado, mejorar la seguridad del visitante y garantizar que todos los actores cumplan las mismas reglas tributarias y de calidad.
Con esta decisión, el Gobierno porteño refuerza su estrategia de control sobre la oferta turística, en un contexto en el que la competencia desleal y la falta de regulación generan tensiones con la hotelería tradicional y con los operadores formales de alquileres temporarios.