La disolución de tres organismos clave —la Dirección Nacional de Vialidad (DNV), la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT) y la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV)— marca un giro profundo en la política pública de transporte en Argentina.
La decisión fue comunicada por el vocero presidencial, Manuel Adorni, y forma parte de un plan integral de reforma del Estado impulsado por el presidente Javier Milei, centrado en el ajuste del gasto público, la desregulación y el traspaso de funciones al sector privado.
A partir de esta reestructuración, las funciones de fiscalización, control y monitoreo de rutas, trenes, transporte automotor y otras áreas pasarán a una nueva entidad: la Agencia de Control de Concesiones y Servicios Públicos de Transporte.
Este organismo estará bajo la órbita del Ministerio de Economía y se encargará de supervisar las concesiones privadas de infraestructura y servicios públicos de transporte, con un modelo orientado a la eficiencia y el control contractual.
Uno de los puntos más controvertidos es la eliminación de la Dirección Nacional de Vialidad, históricamente responsable de la planificación, mantenimiento y desarrollo de las rutas nacionales.La nueva política contempla la concesión de estas rutas a empresas privadas, que podrán financiarlas mediante esquemas mixtos y la implementación de peajes. Las obras en curso serán auditadas y sujetas a revisión, generando incertidumbre sobre su continuidad.
La medida genera preocupación en sectores como el turismo, donde la conectividad terrestre es fundamental para la circulación de viajeros y el acceso a destinos emergentes.
En paralelo, la absorción de funciones de la CNRT y la ANSV también provoca interrogantes. Estos organismos cumplían roles técnicos y operativos en materia de control de flotas, fiscalización de terminales, habilitación de vehículos turísticos, formación de conductores y seguridad vial.
En paralelo, la absorción de funciones de la CNRT y la ANSV también provoca interrogantes. Estos organismos cumplían roles técnicos y operativos en materia de control de flotas, fiscalización de terminales, habilitación de vehículos turísticos, formación de conductores y seguridad vial.
Si bien desde el Ejecutivo se argumenta que el nuevo esquema eliminará superposiciones y reducirá costos, desde el sector turístico y el transporte expresan dudas sobre cómo se garantizará el cumplimiento normativo sin un ente técnico autónomo.
La eliminación de Vialidad Nacional además deja sin un interlocutor claro a los gobiernos provinciales y municipales en lo referido a proyectos estratégicos, como caminos de acceso a parques nacionales o rutas escénicas de alto valor turístico.
La nueva Agencia de Control de Concesiones buscará concentrar funciones de supervisión e incorporar tecnología para modernizar procesos. No obstante, su capacidad real para reemplazar el conocimiento técnico acumulado por los organismos ahora cerrados será clave para evaluar el impacto de esta reestructuración.
La transición deberá contemplar no solo la eficiencia económica, sino también las garantías de seguridad vial, legalidad en la operatoria y continuidad de proyectos estratégicos.
El cierre de la DNV, CNRT y ANSV constituye una de las reformas más significativas en décadas dentro del sistema de transporte argentino. Si bien responde a una lógica de simplificación y modernización del Estado, sus efectos concretos en la conectividad, la infraestructura vial y la seguridad aún están por verse.
El cierre de la DNV, CNRT y ANSV constituye una de las reformas más significativas en décadas dentro del sistema de transporte argentino. Si bien responde a una lógica de simplificación y modernización del Estado, sus efectos concretos en la conectividad, la infraestructura vial y la seguridad aún están por verse.
Para el sector turístico, que depende de una red eficiente de movilidad, el desafío será adaptarse a un nuevo escenario regulatorio que combina privatización, supervisión contractual y menor presencia estatal.