Una intervención privada destinada a mejorar el acceso vehicular a un establecimiento turístico derivó en un conflicto con las autoridades nacionales. La medida afecta a un tramo de la colectora de la autopista que une Rosario y Córdoba, donde un empresario local había financiado obras de reparación para facilitar la circulación de clientes y proveedores.
El protagonista del caso es Néstor Rozín, propietario del Hotel Sol de Funes y de otros emprendimientos en la región. Durante 2025 decidió costear con recursos propios la mejora de un sector deteriorado de la colectora de la autopista, ubicada a la altura del ingreso al complejo hotelero, con el objetivo de optimizar las condiciones de acceso.
Sin embargo, la intervención fue observada por la Dirección Nacional de Vialidad, que intimó al empresario a remover las obras realizadas en un plazo de diez días y restituir el sector a su estado original, al considerar que se trata de una zona bajo jurisdicción nacional y que cualquier modificación requiere autorización previa del organismo competente.
La decisión generó repercusiones en la ciudad de Funes, donde distintos sectores cuestionaron que una mejora en la infraestructura vial de uso público deba ser eliminada en lugar de incorporarse a futuras tareas de mantenimiento.
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| Néstor Rozín, propietario del Hotel Sol de Funes |
Una obra que trascendió el interés privado
Según trascendió en medios locales, los trabajos se realizaron durante la campaña electoral de 2025, en coincidencia con una actividad política desarrollada en el hotel y encabezada por Gisela Scaglia, entonces candidata del frente oficialista provincial.
De acuerdo con versiones difundidas en la localidad, la adecuación del acceso buscó inicialmente ordenar el tránsito generado por ese evento. No obstante, la mejora terminó beneficiando también a huéspedes, trabajadores, proveedores y otros establecimientos emplazados sobre ese corredor de la Ruta Nacional 9.
Cuestionamientos y especulaciones políticas
La decisión de Vialidad Nacional alimentó interpretaciones políticas en el ámbito local. Algunos referentes de Funes sostienen que la medida podría estar vinculada a diferencias partidarias surgidas durante el proceso electoral, aunque hasta el momento no existen pronunciamientos oficiales que respalden esa hipótesis.
En el centro de las especulaciones aparece Gastón Bruno, actual responsable de la delegación santafesina de Vialidad Nacional. Bruno integró anteriormente la gestión municipal encabezada por Diego León Barreto como secretario de Obras Públicas, cargo que dejó en medio de una controversia relacionada con una licitación adjudicada a una empresa con la que había estado vinculado.
Mientras se desarrolla la controversia, el caso reabre el debate sobre los límites de la participación privada en obras de infraestructura pública y sobre los mecanismos necesarios para canalizar iniciativas de colaboración sin vulnerar las normativas vigentes ni comprometer la seguridad vial.