Por Andrés Thompson, miembro del colectivo NO a +Colonia- La familia argentina Bastitta (liderada por su CEO Eduardo, dueño de Plaza Logística y asesor del presidente Milei), dueña desde hace más de 30 años de terrenos (519 hectáreas) en la zona de El Calabrés de Colonia del Sacramento (Uruguay) intenta por cuarta vez torcer el brazo del Estado para que le permitan hacer lo que la ley prohíbe: la construcción de un complejo de edificios en terrenos rurales y linderos a la costa (Ley 18308 de 18 de junio de 2008 (LOTDS). Lo consiguen.
La Junta Departamental aprobó en 2022 un cambio en la recategorización de las tierras de rurales a suburbanas con fines turísticos que fue ratificado por el Ejecutivo, lo que les permite, por un lado, avanzar con el proyecto (búsqueda de financiación, créditos, exoneraciones, etc.) y, además, acrecentar exponencialmente su fortuna a través de la importantísima revalorización de sus tierras (pasaron de 6 a 60 dólares el metro cuadrado).
El proyecto se llama +Çolonia y pretende duplicar el número de habitantes de la ciudad. Fue exonerado durante 10 años por el Ministerio de Economía y Finanzas (18/04/2024) del impuesto aduanero único a la importación, la tasa de movilización de bultos, la tasa consular, y en general de todo tributo de importación, incluyendo el impuesto al valor agregado, a la renta, a la importación de equipos, maquinas, materiales destinados a la obra civil y de los bienes muebles destinados a las áreas de uso común.
El proyecto ha sido definido de muchas maneras: un barrio, el mayor centro de innovación de América Latina, una ciudad inteligente, una ciudad del futuro, el Silicon Valley uruguayo, un HUB de innovación, una ciudad de 15 minutos, un megaproyecto residencial. “Arte, cultura y entretenimiento serán el corazón del proyecto”, dicen.
El proyecto se llama +Çolonia y pretende duplicar el número de habitantes de la ciudad. Fue exonerado durante 10 años por el Ministerio de Economía y Finanzas (18/04/2024) del impuesto aduanero único a la importación, la tasa de movilización de bultos, la tasa consular, y en general de todo tributo de importación, incluyendo el impuesto al valor agregado, a la renta, a la importación de equipos, maquinas, materiales destinados a la obra civil y de los bienes muebles destinados a las áreas de uso común.
El proyecto ha sido definido de muchas maneras: un barrio, el mayor centro de innovación de América Latina, una ciudad inteligente, una ciudad del futuro, el Silicon Valley uruguayo, un HUB de innovación, una ciudad de 15 minutos, un megaproyecto residencial. “Arte, cultura y entretenimiento serán el corazón del proyecto”, dicen.
La gobernanza de +Colonia será “una organización autónoma descentralizada con participación directa y activa sobre decisiones de los distritos, asesorados por los miembros del consejo de la ciudad”. El potencial público comprador son jóvenes argentinos. Hasta ahora, basados en un gran despliegue comercial, todo indica que solamente es un gran negocio para los empresarios impulsores, sus socios comerciales (Colonia Express, Banco Itaú, entre otros) e inmobiliarios (ej. Toribio Achával) y algunos sectores del mundo político local.
A pesar de las dificultades, retrasos y excepciones, el proyecto venía viento en popa. Javier Milei, Mauricio Macri, el presidente uruguayo Luis Lacalle Pou y, muy recientemente, Yamandú Orsi visitaron y elogiaron el proyecto. Sin embargo, en noviembre de 2024 algo comenzó a cambiar. Un grupo de 30 vecinos presentó ante la Comisión de Higiene y Ambiente de la Junta Departamental de Colonia un detallado informe sobre los potenciales impactos negativos del proyecto urbanístico +Colonia. El documento cuestiona varios aspectos clave del emprendimiento, que pretende construir 8.000 viviendas.
Entre las principales preocupaciones destacan que estos terrenos fueron categorizados en 2011 como de “alto riesgo y vulnerables al cambio climático” por el PNUMA, CIEDUR y la propia Intendencia de Colonia. Los vecinos señalaron que la erosión costera actual podría derivar en inundaciones periódicas que afectarían tanto al nuevo desarrollo como a toda la cuenca del Arroyo La Caballada. El grupo también cuestionó la sostenibilidad del proyecto, que duplicará la demanda de servicios básicos como agua, electricidad y saneamiento, sobrecargando la infraestructura existente. Además, manifestaron dudas sobre la recategorización de las tierras de rurales a suburbanas con fines turísticos, cuando el proyecto es esencialmente inmobiliario.
A pesar de las dificultades, retrasos y excepciones, el proyecto venía viento en popa. Javier Milei, Mauricio Macri, el presidente uruguayo Luis Lacalle Pou y, muy recientemente, Yamandú Orsi visitaron y elogiaron el proyecto. Sin embargo, en noviembre de 2024 algo comenzó a cambiar. Un grupo de 30 vecinos presentó ante la Comisión de Higiene y Ambiente de la Junta Departamental de Colonia un detallado informe sobre los potenciales impactos negativos del proyecto urbanístico +Colonia. El documento cuestiona varios aspectos clave del emprendimiento, que pretende construir 8.000 viviendas.
Entre las principales preocupaciones destacan que estos terrenos fueron categorizados en 2011 como de “alto riesgo y vulnerables al cambio climático” por el PNUMA, CIEDUR y la propia Intendencia de Colonia. Los vecinos señalaron que la erosión costera actual podría derivar en inundaciones periódicas que afectarían tanto al nuevo desarrollo como a toda la cuenca del Arroyo La Caballada. El grupo también cuestionó la sostenibilidad del proyecto, que duplicará la demanda de servicios básicos como agua, electricidad y saneamiento, sobrecargando la infraestructura existente. Además, manifestaron dudas sobre la recategorización de las tierras de rurales a suburbanas con fines turísticos, cuando el proyecto es esencialmente inmobiliario.
Los vecinos critican la categorización B otorgada por la DINACEA (Dirección Nacional de Control y Evaluación Ambiental) respecto al impacto ambiental, argumentando que las estimaciones realizadas, aunque negativas, carecen de visión holística y sustento científico académico. El grupo solicita una reevaluación integral del proyecto y su recategorización a Categoría C, lo que requeriría una evaluación de impacto ambiental más exhaustiva y una audiencia pública obligatoria. Este reclamo está apoyado por más de 1.300 personas que ya han firmado esta petición.
El avance de este proyecto ha sido posible por dos factores principales: por una parte, la recategorización de las tierras de rurales a “suburbanas con fines turísticos” ya mencionada (220 de 520 hectáreas) para permitirles construir y, por otra, la aprobación de la Intendencia y de la Junta Departamental. Dicha recategorización implicaba también que según el artículo nueve del contrato plan firmado entre la Intendencia y la empresa Alas Este (+Colonia) se estipulaban “contraprestaciones en concepto de revalorización”, por un valor cercano a US$ 2.000.00 a ser pagados en 12 cuotas consecutivas. Pagaron solo una cuota de $158.574, según consta en documentación de la Intendencia, y luego se “olvidaron”. Nadie les reclamó.
A partir de un video publicado en redes sociales por el grupo NO a +Colonia el pasado fin de semana denunciando esta situación, el Intendente Guillermo Rodríguez convocó a la empresa +Colonia, a los representantes de las bancadas de los tres partidos con representación en la Junta y al director de Planificación y Ambiente. En dicha reunión, los representantes empresarios reconocieron tener esa deuda, así como también no estar en condiciones de afrontarla actualmente.
Esta situación revela una forma de hacer negocios: se prometen inversiones de 2.000 millones de dólares, se invita a los presidentes a visitar las obras y dar su aval, se gastan fortunas en comunicación y marketing, se junta dinero con las señas de los potenciales compradores, pero al momento de cumplir sus obligaciones, las cuentas que las pague otro. +Colonia ya ha solicitado varias veces revisiones y excepciones al contrato plan que han sido aprobadas por la bancada oficialista (y hasta algunos de la oposición) de la Junta Departamental, sin más trámites.
El avance de este proyecto ha sido posible por dos factores principales: por una parte, la recategorización de las tierras de rurales a “suburbanas con fines turísticos” ya mencionada (220 de 520 hectáreas) para permitirles construir y, por otra, la aprobación de la Intendencia y de la Junta Departamental. Dicha recategorización implicaba también que según el artículo nueve del contrato plan firmado entre la Intendencia y la empresa Alas Este (+Colonia) se estipulaban “contraprestaciones en concepto de revalorización”, por un valor cercano a US$ 2.000.00 a ser pagados en 12 cuotas consecutivas. Pagaron solo una cuota de $158.574, según consta en documentación de la Intendencia, y luego se “olvidaron”. Nadie les reclamó.
A partir de un video publicado en redes sociales por el grupo NO a +Colonia el pasado fin de semana denunciando esta situación, el Intendente Guillermo Rodríguez convocó a la empresa +Colonia, a los representantes de las bancadas de los tres partidos con representación en la Junta y al director de Planificación y Ambiente. En dicha reunión, los representantes empresarios reconocieron tener esa deuda, así como también no estar en condiciones de afrontarla actualmente.
Esta situación revela una forma de hacer negocios: se prometen inversiones de 2.000 millones de dólares, se invita a los presidentes a visitar las obras y dar su aval, se gastan fortunas en comunicación y marketing, se junta dinero con las señas de los potenciales compradores, pero al momento de cumplir sus obligaciones, las cuentas que las pague otro. +Colonia ya ha solicitado varias veces revisiones y excepciones al contrato plan que han sido aprobadas por la bancada oficialista (y hasta algunos de la oposición) de la Junta Departamental, sin más trámites.
La responsabilidad de como termina esta historia dependerá de la actitud que adopte el Intendente, la Junta Departamental y el Ministerio de Ambiente. Mientras, los vecinos siguen movilizados y han sumado a sus demandas el pedido de participación en la Comisión de Seguimiento del proyecto acordada pero que evidentemente no ha cumplido su labor.