El Gobierno nacional, a través de la Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPYN), dispuso la intervención del puerto de Ushuaia por un plazo de 12 meses, tras detectar presuntas irregularidades financieras, desvíos de fondos y un riesgo operativo y de seguridad vinculado al deterioro de la infraestructura portuaria.
La medida se adoptó en plena temporada de cruceros y permanecerá vigente hasta que el Gobierno de Tierra del Fuego subsane las anomalías señaladas por el organismo nacional.
Según fuentes de Gobierno, la decisión fue el resultado de reiteradas inspecciones realizadas por la ANPYN, que no habrían obtenido respuestas concretas por parte de la administración provincial.
A esto se sumaron denuncias de presunto vaciamiento efectuadas por trabajadores portuarios y la preocupación manifestada por empresas navieras que operan en la principal terminal austral del país, clave para la actividad turística y logística del sur argentino.
La intervención generó una inmediata reacción por parte del Gobierno fueguino. El gobernador Gustavo Melella cuestionó públicamente la medida y aseguró que no existen fundamentos objetivos que la justifiquen.
En la misma línea, el presidente de la Dirección Provincial de Puertos, Roberto Murcia, calificó la intervención como “arbitraria y extorsiva” y denunció una contradicción en la resolución nacional. Según explicó, el texto primero suspende la habilitación de la terminal portuaria por razones técnicas, pero luego deja sin efecto esa suspensión para no afectar la operatoria.
Desde el Gobierno nacional, en cambio, aseguraron que las inspecciones detectaron múltiples deficiencias en la infraestructura del puerto. Entre ellas se mencionan la falta de pilotes en el sitio 3 del muelle, defensas deterioradas, problemas en el tablestacado, deficiencias en la carpeta asfáltica y falencias en las condiciones básicas de seguridad operativa. Todas estas observaciones, indicaron, fueron oportunamente notificadas a las autoridades provinciales sin que se produjeran las correcciones necesarias.
A través de la red social X Melella sostuvo que el puerto “opera con normalidad y atraviesa una temporada récord de buques y cruceros”, y afirmó que tanto los habitantes de la provincia como los turistas son testigos de su actividad constante.
El informe técnico también puso el foco en la gestión administrativa y financiera. Uno de los puntos más sensibles fue la ausencia de registros adecuados de ingresos, egresos y compras, una tarea que había sido tercerizada por la administración provincial en una empresa que, de acuerdo con los registros oficiales, no contaría con antecedentes en la gestión portuaria.
Además, la auditoría reveló un uso irregular del presupuesto del puerto: mientras la normativa exige que los fondos se destinen exclusivamente a inversiones en la terminal, se habría comprobado que el 33% del presupuesto fue utilizado para cubrir gastos generales de la provincia y apenas el 1,3% se asignó a obras y servicios para mejorar la operatividad.
Durante la intervención, la ANPYN contará con la asistencia de la Prefectura Naval Argentina para reforzar las condiciones de seguridad. No obstante, se informó que las principales gerencias seguirán en manos de personal fueguino.
La polémica se profundizó a partir de la reciente sanción de la Ley N° 1596 de “Sostenibilidad y Fortalecimiento de la Obra Social del Estado Fueguino (OSEF)”, que prevé la creación de un fondo específico para afrontar deudas de la obra social con parte del superávit portuario.
Según la resolución de la intervención, esta norma fue un factor determinante para que el Gobierno nacional avanzara en la toma de control de la terminal por un año, al considerar que su aplicación comprometería la autonomía financiera y la capacidad de inversión de la Dirección Provincial de Puertos.
“Esta incongruencia demuestra que no se actúa por razones de seguridad o infraestructura, sino que se utiliza la amenaza de inhabilitación como herramienta de presión para justificar la intervención”, sostuvo Murcia.
Desde la administración fueguina rechazaron esa interpretación y aseguraron que no se transfirió ningún fondo del puerto ni al Gobierno provincial ni a la OSEF. Además, señalaron que los plazos administrativos de los reclamos efectuados por la ANPYN aún no se encontraban vencidos y adelantaron que analizan recurrir a la Justicia para revertir la medida.
Toda esta controversia se desarrolla en el momento de mayor actividad del puerto de Ushuaia, en plena temporada de cruceros antárticos, que comenzó en septiembre y se extenderá hasta marzo o abril, según las condiciones climáticas. Durante los meses de verano, la terminal recibe cientos de recaladas y miles de pasajeros que llegan a la ciudad como puerta de entrada a la Antártida, en viajes que pueden superar los 18.000 dólares por persona.
Desde el ámbito provincial insistieron en que la operatoria se mantiene con normalidad y que el puerto tendrá alrededor de 600 recaladas durante la temporada, reafirmando su rol estratégico para el turismo y la economía regional.