Los Milei de paseo por Roma. Ahora recortan viajes a funcionarios.
Nueva normativa limita las comitivas a un funcionario por evento y reserva clase ejecutiva solo para altos cargos. La Jefatura de Gabinete formalizó este martes mediante la Decisión Administrativa 9/2026 una serie de cambios en el régimen que regula los viajes oficiales al exterior de funcionarios de la Administración Pública Nacional. Las medidas, publicadas en el Boletín Oficial, establecen restricciones en la composición de comitivas y limitaciones en el acceso a pasajes en clase ejecutiva.
Mientras el presidente Milei no mostró reparos en múltiples gastos junto a su comitiva en viajes al exterior, días atrás se dio a conocer esta novedad que pretende reconfigurar el modo en que se organizan los viajes oficiales.
Límites en la conformación de comitivas
La nueva normativa impone que cada comitiva oficial se integre por un máximo de un funcionario o autoridad por cada evento reconocido e impostergable para los intereses del Estado nacional. La restricción aplica independientemente de la fuente de financiamiento de los viajes.
En caso de que se requiera la participación de más integrantes en una misión internacional, la autoridad solicitante deberá presentar una justificación expresa para la presencia de cada miembro adicional. Esta disposición busca reducir el tamaño de las delegaciones oficiales y, consecuentemente, los gastos asociados a viáticos y alojamiento.
Reorganización de aprobaciones
El proceso de autorización de viajes al exterior también fue restructurado según la jerarquía de los funcionarios involucrados. La Jefatura de Gabinete tendrá a su cargo la aprobación de traslados de ministros, secretarios de la Presidencia y funcionarios con rango equivalente.
Para otros cargos —incluyendo titulares de secretarías, subsecretarías, directores nacionales y directores generales— la competencia será distribuida entre el jefe de Gabinete, los ministros, los secretarios de la Presidencia y los titulares de organismos descentralizados, según corresponda al nivel jerárquico.
Toda solicitud deberá formalizarse mediante el "Informe de Planificación de Gestión Internacional", documento que requiere firma conjunta del funcionario viajero —si tiene rango de subsecretario o superior— o de su superior jerárquico, y de la autoridad competente para aprobar el desplazamiento. El trámite debe presentarse ante la Jefatura de Gabinete con una anticipación mínima de diez días hábiles, excepto en casos extraordinarios debidamente justificados.
Clasificación de funcionarios para pasajes
La decisión crea un sistema de cuatro grupos que determina las condiciones de viaje para cada funcionario. El Grupo A, integrado por el jefe de Gabinete, ministros, funcionarios con rango equivalente, secretarios de la Presidencia, el Procurador del Tesoro, el Síndico General de la Nación, jefes de Estados Mayores, el Prefecto Nacional Naval, el jefe de la Policía Federal y el presidente del Banco Central, mantiene autorización para utilizar pasajes en clase ejecutiva.
El Grupo B —que comprende secretarios ministeriales, subsecretarios, embajadores, autoridades máximas de empresas estatales, titulares de organismos descentralizados, rectores de universidades nacionales y el presidente del Banco Nación— deberá viajar en clase económica. Solo de forma excepcional, y limitado a funcionarios con rango de secretario o equivalente, se autoriza clase ejecutiva en caso de razones fundadas de salud, seguridad personal o productividad laboral, previa autorización de la autoridad competente.
Los Grupos C y D —que incluyen directores nacionales, directores generales, gerentes de sociedades con participación estatal mayoritaria y el resto del personal administrativo— recibirán pasajes exclusivamente en clase económica.
Gastos adicionales a cargo del pasajero
La normativa establece que cualquier cambio de clase o modificación en el pasaje que realice el viajero deberá ser afrontado económicamente por el propio pasajero, sin generar gastos adicionales para el Estado nacional.
Las disposiciones comenzaron a regir desde este martes tras su publicación en el Boletín Oficial. El Gobierno señala que los cambios buscan simplificar los circuitos administrativos, reducir cargas operativas y optimizar la gestión de recursos públicos en las misiones internacionales de la Administración Pública Nacional.