El Decreto 366/2025, que oficializa la reforma migratoria en Argentina, introduce cambios sustanciales para el acceso de extranjeros a servicios públicos y redefinición de requisitos de ingreso y permanencia.
Entre las medidas más relevantes figura la obligación de contar con seguro de salud o pago previo para recibir atención habitual en hospitales estatales, así como la presentación de una declaración jurada de cobertura médica al arribar al país. Aunque estas disposiciones buscan aliviar la presión sobre el sistema sanitario, el sector turístico analiza su posible efecto en el flujo de visitantes.
Seguro médico obligatorio y pago anticipado
A partir de la vigencia del decreto, los extranjeros temporarios y turistas deberán acreditar, al ingresar, que disponen de un seguro médico internacional o abonar por adelantado cualquier atención no urgente en centros de salud estatales. La norma aclara que esta restricción no aplica a urgencias, donde se mantiene garantizada la atención sin importar la condición migratoria. Sin reglamentación definitiva, se aguarda la definición de “emergencia médica” y protocolos operativos.
Controles fronterizos y causales de inadmisión
El decreto limita el ingreso a pasos fronterizos habilitados e impone nuevas causales de rechazo: condenas ≥ 3 años de prisión, documentos falsos, fraude migratorio, ingreso irregular o vínculos con delitos graves (terrorismo, genocidio, lesa humanidad). Frente a estas faltas, Migraciones podrá imponer prohibiciones de reingreso de al menos cinco años. Estas medidas refuerzan el control de fronteras pero no pretenden afectar al turismo de corta estancia ni a quienes llegan por motivos de negocios.
La reforma amplía las causas de expulsión incluso para residentes permanentes: delitos dolosos, estadías fuera del país superiores a los plazos permitidos (más de un año para permanentes, seis meses para temporarios), falta de domicilio declarado o desnaturalización del motivo de ingreso. Antes de la deportación, los afectados podrán ser retenidos por Migraciones mientras se tramita su expulsión.
Con respecto a la educación y naturalización se mantiene el acceso gratuito a la educación hasta nivel secundario para todos los extranjeros. En cambio, los temporarios podrán recibir aranceles en universidades estatales, aunque seguirán habilitados para solicitar becas. El decreto también reduce a dos años el plazo de residencia continua para aspirar a la ciudadanía, con exención del requisito para inversiones “relevantes” definidas por el Ministerio de Economía.
La medida del gobierno se escuda en una justificación presupuestaria. En 2024, la atención de inmigrantes en hospitales nacionales representó un gasto total cercano a $114.000 millones (10,58 % de los egresos hospitalarios). El documento gubernamental arguye que las nuevas reglas permitirán “descomprimir el sistema” y mejorar la situación presupuestaria, al desalentar usos “abusivos” del servicio por parte de extranjeros que no cotizan en el país.
Posible impacto en la demanda turística
Agentes de viajes y operadores advierten que la exigencia de un seguro médico y la declaración jurada podrían introducir “barreras de entrada” para turistas de mercados menos habituados a contratar coberturas internacionales, como algunos países vecinos.
Sin embargo, desde la Dirección Nacional de Migraciones y la Cámara Argentina de Turismo (CAT) aseguran que la reglamentación en discusión se orientará a no desalentar los arribos de corta estadía. Para ello, la CAT y el embajador Daniel Scioli mantendrán la próxima semana un encuentro con Migraciones para afinar criterios y acompañar la definición de protocolos.
Para minimizar fricciones, se recomienda a las agencias de viajes incluir en sus paquetes la contratación anticipada de seguros de salud internacionales y asesorar a los clientes sobre los nuevos requisitos de ingreso. Asimismo, las aerolíneas y operadores emisivos podrían incorporar cláusulas informativas y herramientas de venta de pólizas en su proceso de reserva.