En plena temporada de verano, la decisión de la familia propietaria de la Estancia Ferro de cerrar el acceso a varios miradores estratégicos de Península Valdés generó un fuerte impacto en la actividad turística y abrió un nuevo foco de tensión en uno de los destinos naturales más relevantes del país.
La medida afecta a espacios de uso público incluidos históricamente dentro de la oferta turística del área declarada Patrimonio Mundial por la UNESCO.
Según informaron medios locales, los bloqueos alcanzan a los miradores de Caleta Valdés, El Mirador, La Boca de Caleta Valdés y la pingüinera de Caleta y Cantor, puntos clave para el avistaje de orcas, ballenas, lobos y elefantes marinos.
Desde el martes 6 de enero, los caminos internos que conducen a estos sectores fueron cerrados de manera unilateral mediante la colocación de alambres, impidiendo el acceso tanto a agencias como a visitantes particulares.
La situación generó preocupación entre los administradores del área protegida y el sector turístico regional. Desde la Administradora de Península Valdés señalaron que las negociaciones con la apoderada de la familia Ferro, Susana Cereijo, se extendían desde mediados de 2025 con el objetivo de encontrar alternativas de mejora y continuidad operativa de los miradores. Sin embargo, las conversaciones se estancaron ante diferencias económicas y de criterios.
Representantes del sector de agencias de viajes de Puerto Madryn indicaron que las tratativas incluyeron un pedido de alquiler mensual que consideraron inviable, lo que terminó derivando en el cierre de los accesos. El impacto fue inmediato: la llegada de cruceros a la zona se produjo sin posibilidad de visitar algunos de los principales atractivos terrestres, afectando la experiencia de cientos de turistas internacionales y a la cadena turística de Puerto Madryn y Puerto Pirámides.
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| Península Valdés - apoderada de la familia Ferro, Susana Cereijo |
Desde el Ministerio de Turismo provincial confirmaron la decisión de la familia propietaria y reconocieron que los miradores funcionaron como espacios públicos durante más de dos décadas bajo acuerdos tácitos, sin documentación formal que acreditara su cesión. En ese marco, señalaron que se evalúan alternativas y eventuales acciones legales, aunque descartaron soluciones de corto plazo que permitan revertir la situación durante la presente temporada.
El caso pone en evidencia una problemática recurrente en destinos naturales de alta demanda: la convivencia entre propiedad privada, uso público, conservación ambiental y desarrollo turístico. En un contexto de alta afluencia estacional, el cierre de accesos en Península Valdés reabre el debate sobre la necesidad de marcos legales claros y acuerdos sostenibles que garanticen previsibilidad tanto para la protección del patrimonio natural como para la actividad turística.